Introducción En el debate planteado en torno a la legitimidad de la institución de la pena de muerte se enfrentan dos concepciones opuestas; desde diversos organismos humanitarios se reclama su supresión en defensa del derecho a la vida, sin embargo los defensores de su aplicación consideran que es el castigo más eficaz para ciertos delitos. A lo largo de las últimas cuatro décadas se ha avanzado considerablemente hacia la abolición mundial de la pena capital. Hace cien años tan sólo tres estados eran abolicionistas: Costa Rica, San Marino y Venezuela; en la actualidad, según datos de Amnistía Internacional, 128 países han suprimido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. De ellos 88 la han abolido para todos los delitos, 11 sólo para delitos comunes y 29 son abolicionistas de hecho. Por el contrario, 69 países y territorios la mantienen.